VIDEOVIGILANCIA EN LAS COMUNIDADES. Requisitos y Consideraciones

Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, art. 3 LOPD 15/1999 y el art. 1.4 RD 1322/1994 de 20 de junio, define como dato de carácter personal, la información gráfica o fotográfica; por lo que la normativa de aplicación es la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre.
Requisitos que debe cumplir el sistema de cámaras y videovigilancia;
1º. Legitimación. Estar amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 de la Ley de protección de datos. En síntesis cuando se disponga de autorización del interesado (las personas identificadas o indentificables captadas), o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero (la seguridad y vigilancia de instalaciones y elementos comunes de La Comunidad), y el art. 11.1 y 2, en relación con la cesión permitida cuando tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
2º. Información. Cumplir con el deber de información previsto en el art. 5 de la LOPD. A tal fin se deberá;

• a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y (pincha aquí modelo distintivo informativo)
• b)Tener a disposición de los/as interesados/as impresos en los que se informe, de acuerdo con el art. 5.1, de  la existencia de un fichero o tratamiento de datos personales, con la finalidad de Seguridad y Vigilancia, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. (pincha aquí modelo impresos a disposición )interesados

3º Notificación de ficheros. Previa al inicio de las grabaciones, por lo tanto previo a la creación del fichero de videovigilancia, se deberá notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma. El responsable, La Comunidad, representada por un responsable para la extracción de los datos; presidente/a, vecino/a que se nombre o administrador, deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por lo que habrá de disponer de un lugar de acceso restringido bajo llave, y a ser posible de un dispositivo de seguridad, como una caja de seguridad al efecto, que impida el acceso a la grabación, así como que el formato de grabación garantice la integridad de la misma (grabación con marca de agua).

Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de ubicación de aquellas.

4º Los datos deberán ser cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.

Estas cuatro consideraciones se han de tener en cuenta cuando la comunidad por por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de la cuotas de participación acuerdan el establecimiento del servicio de vigilancia mediante el sistema de cámaras y videocámaras, art. 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal.

NOTA CLARIFICADORA: Cuando el sistema de videovigilancia no está conectada a central de alarma, no requiere la venta, entrega, instalación o mantenimiento por por empresa de seguridad autorizada por el Ministerio de Interior. La ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como «Ley Ómnibus»), liberaliza la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del contrato al Ministerio del Interior, tal y como exigía la ley 23/1992, de 30 de Julio de Seguridad Privada.

Fundamentación jurídica:

Instrucción 1/2006, de 12 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videovigilancia

Nota aclaratoria de la AEPD